jueves, 22 de junio de 2017

NOTA DE LA DIRECTIVA de ANVIFA con respecto al tema "ABOGADOS"


Desde la JUNTA DIRECTIVA DE ANVIFA  nos han pedido que publiquemos el siguiente comunicado:

 

 

NOTA:
 
Desde este blog nos han hecho llegar varios comentarios en los que se hacía referencia a cuestiones de "abogados".
 En este sentido los que formamos parte de la Junta  Directiva de ANVIFA  queremos dejar claro lo siguiente:
 
 -  Que ANVIFA, como agrupación de asociaciones, NO cuenta con abogados para representar de forma particular a los clientes.
 
 - Que la defensa jurídica a nivel particular de los afectados la lleva cada asociación de las que componen ANVIFA, y son estas   las que cuentan con esos abogados si lo consideran. Cada asociación de las que componen ANVIFA  es independiente a la hora de llevar a cabo  una iniciativa en este sentido.
 
 - Que desde ANVIFA  no tenemos previsto promover la realización de ninguna demanda colectiva que implique a nivel particular a un conjunto de afectados. De ser así lo habríamos publicado en este Blog.

  
Junta Directiva de ANVIFA

martes, 20 de junio de 2017

Estrella Digital - Afinsa y Fórum: familias olvidadas y patrimonio malvendido.

Estrella Digital 

(Enlace a fuente Estrelladigital)

ONCE AÑOS SIN SOLUCIONES


Afinsa y Fórum: familias olvidadas y patrimonio malvendido


De antes de la crisis y de nuestra creciente preocupación por los accionistas; de antes de las preferentes y de los desahucios. 470.000 familias perdieron hace 11 años sus ahorros. En tiempos en que se pide que se devuelva dinero a los accionistas de entidades financieras y protección a los ahorradores, las familias que compraban bienes tangibles siguen desprotegidas 


El calvario de las 470.000 familias arruinadas por la intervención de las filatélicas Fórum y Afinsa y Arte y Naturaleza no concluye. Han transcurrido 11 años desde que las entidades fueron intervenidas y los afectados no han recuperado sus bienes ni su dinero.
Ambas sociedades estaban operativas desde hacía más de 25 años y nunca durante este tiempo habían tenido ninguna reclamación por parte de sus clientes y siempre habían cumplido con todos los compromisos pactados.
 Una dudosa intervención
El Gobierno socialista decidió la intervención de ambas entidades porque consideraba que estas empresas eran financieras y tenían un desfase patrimonial. Un argumento dudoso que ha contaminado todo el procedimiento, toda vez que la Administración y multitud de sentencias han reconocido el carácter mercantil de las entidades.
Un asunto que no es baladí ya que, en el caso de una entidad mercantil, los bienes propiedad de los clientes no se hubieran puesto en el activo de la empresa y los propietarios de los bienes podrían haberlos tomado y negociado con ellos.
Además de este proceso administrativo y de la liquidación concursal de las sociedades se desarrollaron los correspondientes procesos penales. El resultado, según los juzgados, 470.000 familias estafadas por valor de 6.300 millones de euros.
Según los afectados, las intervenciones de Afinsa y Fórum no se realizaron para proteger a los clientes de ambas entidades. El modo y la forma en que se realizaron las intervenciones, con gravosas y desproporcionadas medidas cautelares, provocaron de forma automática la insolvencia y quiebra de ambas empresas, causando así a los afectados un daño irreparable, sin salvaguarda de sus derechos e intereses.
Desde el punto de vista jurídico, los afectados esgrimen como una de sus bazas el auto del Tribunal Supremo de julio de 2012, en el que se ratifica la naturaleza mercantil y no financiera de Afinsa y Fórum Filatélico. También, la sala 28 de la Audiencia Provincial de Madrid se pronuncia en los mismos términos, al afirmar que "estamos ante un negocio completamente legal, realizado mediante contratos mercantiles lícitos y vigentes a la fecha de intervención y cierre de la empresa, que no pueden ser considerados como de índole financiera y que no existe simulación entre las partes contratantes".
No puede hablarse, por lo tanto, de captación de ahorro, captación de ahorro público, negocio financiero con déficit patrimonial, contratos de préstamos o quiebra. Esa es la razón por la que los ahorradores reclaman la devolución del dinero. No eran accionistas ni inversores, sino clientes de una mercantil.
Los afectados de Fórum han percibido un 20,5% de su inversión, mientras que a los de Afinsa se les ha devuelto un 10%, como consecuencia del proceso de liquidación de las sociedades. Sin embargo, los ahorradores consideran que el dinero que se les ha reembolsado procede de liquidez de las entidades más que de la venta de activos.
Patrimonio malvendido: sellos, arte e inmobiliario
Con dos querellas por presuntos delitos de prevaricación, falsedad de cuentas anuales, falsedad en documento mercantil, administración fraudulenta o desleal con agravante de mala fe, que no han prosperado, la actuación de los administradores concursales ha estado rodeada de polémica desde el primer momento.
En el procedimiento se incautaron y consignaron sellos propiedad de los clientes, valorados a precio de catálogo por encima de millones de euros. Estos sellos fueron incluidos en el activo de la empresa, tras haber sido devaluado su valor al 12% de su precio en catálogo, por comerciantes, que no expertos filatélicos.
Pese a que la Audiencia Provincial de Madrid recalcaba la naturaleza mercantil y no financiera de los contratos de Afinsa, los administradores concursales consignaron los sellos de los clientes en el activo de la empresa y se negaron en redondo a entregarlo a los legítimos propietarios que pedían recuperar su posesión. Los inversores declaran haber sido expropiados por los administradores concursales.
Con un valor postal de 3,5 millones de euros, el perito que nombra el juez reduce su valor y se ponen a subasta, por una entidad alemana, con un valor de 2,2 millones, con una comisión del 20%.
Los administradores concursales ordenaron al ejecución mediante subasta de la colección de arte “Colección Siglo XXI”. La subasta se produjo a través de Ansorena, Casa de Arte.
Se produce la circunstancia de que esta casa de subastas fue encargada en su día de tasar los bienes de Afinsa para su evaluación dentro de la masa del concurso, tras la intervención de la compañía. Los afectados siempre han señalado que no deja de resultar cuanto menos chocante que la misma casa de arte que tasa los bienes de la filatélica, a precios extraordinariamente escuálidos, sea posteriormente, y también bajo condiciones de precio nada favorables al concurso, la responsable de sacar dichos bienes a la venta mediante subasta.
Entre las últimas ventas por liquidación realizadas, tal vez la más señalada sería la venta del Palacio de Gamazo, antigua Sede Social de Afinsa. Se trata de un inmueble protegido y catalogado como monumento histórico artístico nacional que cuenta con una superficie los 5.500 metros cuadrados distribuidos en seis plantas, y que ha sido vendido por 30 millones de euros. También la venta dell Palacio del Nuncio, emplazado en Aranjuez, que al parecer cuenta ya con un adjudicatario, por una cifra que ronda los 600 millones de euros.
Por otra parte, el Edificio Forum en la calle Abascal fue adquirido por subasta por Credit Suisse AG por 25,8 millones y vendido, diez meses después, a Mutua Madrileña por 31 millones de euros.
La larga sombra concursal, por otro lado pagada a precios desorbitados, persigue a los afectados.

domingo, 18 de junio de 2017

Unidos para la Independencia de la Justicia (UNIJUS), es noticia en la prensa

Hoy, algunos medios nacionales independientes se hacen eco del nacimiento de UNIJUS.

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El Español


Los afectados de Afinsa-Fórum lanzan un partido político

Unidos por la independencia de la justicia pretende aglutinar a "aquellos ciudadanos damnificados por la politización de los tribunales"

3 min
Eduardo Berbis, presidente del nuevo partido Unijus / CG

viernes, 16 de junio de 2017

Parece que los AACC de Afinsa están ingresando otro 5%



Decimos parece, pues  solo tenemos constancia porque muchos de los afectados de nuestras asociaciones se lo han encontrado ingresado en su cuenta bancaria.

Pero no había notificación por escrito de que lo iban a hacer, ni hay comunicación en  la página de la AACC.

Ni sabemos a qué ingresos corresponde...

Tampoco cogen el teléfono para dar explicaciones.

 ESTO SOLO AFECTA A LOS QUE NO HAN SOLICITADO LA DEVOLUCIÓN DE LA FILATELIA

           Por tanto comprueben que lo tienen ingresado en su cuenta.

Que  no han cambiado de cuenta desde el último ingreso.

O si lo han hecho se lo han comunicado a los AACC, de lo contrario, háganlo a la mayor brevedad.

martes, 13 de junio de 2017

El fiscal Moix y la rebelión de los “jueces del pueblo”


A la vista de este artículo, la izquierda controla la Fiscalía Anticorrupción (FA), desde esta institución, lo controlan todo, pueden sentenciar con la pena del telediario a quien quieran, arruinar su vida sin necesidad de sentencia. Y como  no, Rubalcaba aparece por allí.
 Sin más comentarios.


  ¨Son las consecuencias de la ocupación de la Fiscalía Anticorrupción por una serie de fiscales de izquierdas"


(Enlace a fuente : vozpopuli)

El avispero de la FA no se ha construido en un día. Hay quien sostiene que todo arrancó con Eligio Hernández, el famoso “pollo del Pinar”, siguió con el inefable Conde Pumpido (“El vuelo de las togas de los fiscales no eludirá el contacto con el polvo del camino”), y continuó con Antonio Salinas, el hombre que parecía dirigir la Fiscalía desde la playa de poniente de Benidorm, porque con él se instauró el “vive y deja vivir”, de modo que la institución se convirtió en un reino de taifas donde los fiscales, muchos de ellos de izquierdas, hicieron y deshicieron a su antojo. “Los años de Salinas han engendrado una serie de monstruos en la FA a los que resulta muy difícil meter en la jaula”, asegura uno de los penalistas más reputados del foro madrileño. “Con sus excepciones, es gente poco recomendable, muy ideologizada, cargada de filias y fobias, energúmenos que circulan con el cuchillo en la boca y que han puesto el principio de legalidad en el arroyo”.
El fiscal jefe anticorrupción, Manuel Moix.

….
El fiscal jefe anticorrupción


Moix pretendía devolver a jueces y fiscales el control de las investigaciones que Policía y Guardia Civil realizan para la instrucción de las causas. Una sensación de alarma embarga hoy a la mayoría de profesionales del Derecho que tienen que verse las caras todos los días con causas abiertas en Anticorrupción. Lo de la UDEF y la UCO empieza a ser un escándalo. Más allá de la labor investigadora que les compete, los miembros de la Unidad Central Operativa (UCO) –caso del cabo primero que rubrica el informe sobre el caso Lezo- se permiten efectuar en sus escritos valoraciones jurídicas y propuestas de actuación, entrando de lleno en el ámbito de la exclusiva competencia de jueces y fiscales. “Es verdad que se ha mejorado el nivel de técnica jurídica en la redacción de los atestados”, reconoce un antiguo fiscal de la AN hoy en un gran despacho privado, “pero el descontrol en que se mueven se traduce en que la UCO se permite calificar jurídicamente y realizar propuestas de imputación cuando lo suyo es la mera constatación de unos hechos, porque de la calificación jurídica se encarga el fiscal y el juez instructor. Hay fiscales que asumen acríticamente en sus autos párrafos enteros de los informes que les presenta UCO, en un cortar y pegar que les evita cumplir con su obligación y hacer su trabajo: analizar con rigor esos informes y decidir después si hay base o no para imputar”.

“La situación está descontrolada”, afirma un ex juez de la AN, ahora en el ejercicio privado de la abogacía. “En mis tiempos, un funcionario no entraba nunca en el despacho de un juez, porque cada uno tenía acotado su territorio; hoy ese funcionario se permite el lujo de calificar las conductas que está investigando, lo cual es un exceso inaceptable en un Estado de Derecho donde la función instructora corresponde al juez dentro del principio de garantismo que caracteriza nuestra legislación. Se ha desnaturalizado todo, y no hay nadie en el Gobierno capaz de poner orden en este lío”. Nadie cumple con su obligación. “Nadie está en España en el sitio que le corresponde”, de acuerdo con la conocida respuesta de Ortega a Julián Marías. La lista de “anomalías” sería interminable: Desde los juicios de valor que con frecuencia se deslizan en los informes de UCO y que son acogidos por determinados fiscales como palabra de ley, a las omisiones intencionadas de información que se realizan con finalidad incriminatoria, defraudando la obligación legal que el policía o guardia civil tiene de recoger también en su atestado todo aquello que pueda ser favorable al investigado, pasando por las filtraciones a los medios de sumarios y grabaciones secretas, “y a ver quién es el juez que se atreve a dejar en libertad a un tipo condenado por la acción concertada de la UCO y La Sexta”, en palabras del citado

El nivel de exigencia que antes se daba por seguro en los informes de la policía judicial se ha rebajado a la mera especulación o conjetura, cambio alentado por determinados jueces y fiscales que, a menudo con fines espurios, consienten la bajada del nivel de rigor. La participación en “grupo criminal organizado” se ha convertido en el sambenito que hoy cuelga sobre los hombros de los condenados a pena de telediario, con independencia de lo que pasado el tiempo determinen los tribunales. La otra estrella del momento es el delito de blanqueo, el comodín que nunca falta en todo informe de la UCO que se precie. “La cuota defraudada en un caso de delito fiscal deriva invariablemente ahora en blanqueo, cuando todo el mundo sabe que blanqueo es la ocultación de un dinero de procedencia delictiva”, asegura otro letrado madrileño. “Las reformas del Código Penal de 2010 y 2015 han contribuido a la criminalización de conductas que antes tenían un sesgo simplemente mercantil y/o administrativo, y ya hemos llegado al paroxismo con la explosión de ese cajón de sastre que es el blanqueo”. Las consecuencias las sufren personas cuya reputación queda arruinada por una imputación maliciosa que jamás reparará una sentencia posterior absolutoria.

Resultado de imagen de rubalcaba hermano "Rubalcaba se sigue viendo el coronel Manuel Sánchez Corbi, jefe de la UCO"

Son las consecuencias de la ocupación de la FA por una serie de fiscales de izquierdas, no pocos de los cuales han terminado desembarcando en la ensenada justiciera de Podemos, gente que ha actuado a su libre albedrío dispuesta a utilizar la Fiscalía como ariete contra determinados individuos o partidos, a quienes se investigaba de forma exhaustiva mientras se aminoraba la presión sobre los “amigos” siguiendo pautas de oportunidad y conveniencia. Un proceso parecido al registrado en las cúpulas de los cuerpos policiales desde la llegada al poder de Zapatero, siempre de la mano de ese gran muñidor en la sombra que ha sido y es Alfredo Pérez Rubalcaba. Con Rubalcaba se sigue viendo el coronel Manuel Sánchez Corbi, jefe de la UCO, un hombre con prestigio en la Guardia Civil cuyo discreto perfil se ha roto con motivo de los informes realizados por la unidad que dirige sobre Cristina Cifuentes, a la que se apuntaba como incursa en presuntos delitos de prevaricación y cohecho. Corbi ha presumido en determinados actos sociales de ser capaz de acabar él solito con la corrupción en España, a base de una “limpia” de dimensión histórica, ánimo justiciero que ha llegado a oídos de mucha gente notable con el susto consiguiente.
Lo dijo el juez Eloy Velasco: “Los jueces tenemos que interpretar la ley conforme al pueblo".
(Interpretar la ley, es  permitir que cada juez sentencie de forma subjetiva y caprichosa, como le de la real gana, en definitiva,sentenciar como a su partido le interese. Es saltarse la división de poderes, donde los jueces están para aplicar la ley, y el Congreso, que emana de la voluntad popular,  la redacta).  Esto lo decimos nosotros


Nadie parece reparar en las consecuencias que para la salud del Estado de Derecho tienen actuaciones como las descritas. Todo se ha salido de madre. El estallido del caso Lezo ha sido la gota que ha desbordado la presa, ya muy cargada, de la corrupción del partido en el Gobierno. Y de repente todos los controles parecen haberse roto. La crisis de la FA es una parte de la crisis más general de la Justicia. Disipada esa línea de contención, muchos jueces y fiscales se han lanzado a ponerse a la cabeza de la manifestación. Es la “justicia del pueblo”. Lo dijo el juez Eloy Velasco: “Los jueces tenemos que interpretar la ley conforme al pueblo. Somos gente del pueblo y el pueblo no perdona apropiaciones económicas o desfalcos como los perdonábamos antes (…) Hay delitos de corrupción o blanqueo de capitales que en el siglo XIX no existían. Vamos creando nuevas necesidades penales que responden a que el pueblo las quiere y por lo tanto los jueces tenemos que interpretar las leyes conforme al contexto actual”. De asustar.
"Todo parece conjurarse en esos autos y resoluciones cuyos razonamientos jurídicos están trufados de ideología. ¿Dónde queda el Derecho? ¿Dónde, la aplicación estricta de la ley?"
 

El odio al PP como encarnación de esa corrupción que nos abruma se ha convertido en moneda de curso legal, una corrupción utilizada a veces como muletilla que a duras penas logra esconder el sesgo ideológico. La dureza de la crisis, la politización de la judicatura, la irrupción de los “jueces del pueblo”… Todo parece conjurarse en esos autos y resoluciones cuyos razonamientos jurídicos están trufados de ideología. ¿Dónde queda el Derecho? ¿Dónde, la aplicación estricta de la ley? Es la “España incurable” de Blanco White, aquel eterno exiliado que acabó “renegado de todas las sectas y leproso de todos los partidos”. Sesgado ideológicamente está el auto del juez Ricardo de Prada que, por 2 votos a 1, obliga a Mariano Rajoy a comparecer físicamente ante el tribunal de la AN que juzga el caso Gürtel el próximo 26 de julio; se trata del mismo tribunal que permitió a Artur Mas declarar por videoconferencia. Nadie espera que la declaración de Rajoy aporte novedad alguna en el esclarecimiento del caso, pero el juez De Prada, tan garantista en su día en materia de lucha contra ETA, habrá colgado en su medallero una pieza de caza mayor tan codiciada como un presidente de Gobierno.

Manuel Moix ha dimitido, pero el momento político que vive el país reclama víctimas de mayor enjundia. Las escopetas apuntan ahora a la cabeza del FGE, Manuel Maza, un valladar que hay que derribar para poder situar después en el punto de mira al titular de Justicia, Rafael Catalá, aunque el objetivo último, no nos engañemos, no es otro que Mariano Rajoy. “La exigencia de regeneración es hoy un clamor social que pasa por el castigo a los culpables de casos de corrupción”, sostiene un magistrado del Tribunal Supremo, “pero hay que tener cuidado con las formas, hay que cumplir y hacer cumplir la ley, porque si no se respeta el estado de Derecho corremos el riesgo de cargarnos la democracia. La policía judicial tiene que estar en un sitio y los jueces y fiscales en otro. No puede ser ese tótum revolútum que amenaza convertirnos en un Estado policial. Alguien tiene que poner freno a lo que está ocurriendo”.
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