!!Cáspitas¡¡ Una asociación de consumidores que defiende los intereses de los consumidores



Gracias AUSBANC.

 

La actitud de Ausbanc siempre  ha seguido esta misma línea, pero no deja de sorprender que en el conjunto de asociaciones subvencionadas sea la única que diga lo que se recoge en el siguiente artículo, que por otro lado no es más que la realidad que venimos repitiendo años y que está en las sentencias pero que no recogen los medios “amigos”.

 

            Defender que han sido intervenidas bajo la excusa de que eran financieras cuando en realidad eran mercantiles y no había quiebra, es la verdad y es defender a las victimas, pues en esta situación el Estado deberá indemnizarlas con el 100% por sus “errores”. 

            Por el contrario, plantear a estas alturas que eran una estafa financiera, además de ser mentira, sitúa a las victimas en una posición muy difícil de defender. ¿Qué intereses defienden las asociaciones que hablan de estafa sin que exista sentencia? Los de los consumidores parece que no.

 Enlace a Mercado de Dinero

La liquidación de las compañías no permite devolverles el dinero.

Ocho años y medio después de la intervención y clausura de Afinsa y Fórum, y de la destrucción del mercado de compraventa de sellos en España, cientos de miles de afectados apenas han recuperado una ínfima parte de su inversión, mientras los políticos que les recibían hace años, ahora se desentienden.

La lucha por la defensa de los derechos e intereses de los 500.000 clientes de Fórum y Afinsa ha sufrido numerosos reveses, pero no ha terminado. Ausbanc ha sido la única asociación que ha estado al lado de los afectados desde mayo de 2006, y ha denunciado tanto el carácter político de la propia intervención, como las contradicciones y errores que han salpicado el proceso durante todos estos años. De hecho, la asociación sigue explorando nuevos caminos para conseguir judicialmente la recuperación de lo ilegítimamente arrebatado.

A día de hoy, sigue resultando absolutamente inconcebible que los derechos e intereses de 500.000 clientes, que confiaron en la normativa en vigor y en la plena legalidad de dos empresas visibles en toda España, fueran expropiados ‘de facto’ de sus derechos sin una sola explicación. Dos empresas que cumplían con sus deberes, que contaban con una amplia red comercializadora y que –en el caso de Fórum Filatélico– patrocinaba a equipos deportivos de diversas disciplinas.

Las imputaciones de posibles delitos a sus directivos –considerados desde hace ocho años culpables por los medios de comunicación, sin la celebración de un juicio–, con independencia del resultado final de las mismas, eran totalmente irrelevantes para justificar el cierre de las dos empresas.

Un cierre que, además de provocar la quiebra de las mismas, al serles bloqueadas las cuentas, hirió de muerte al sector de la compraventa de sellos en España, lo que ha impedido, por ejemplo, que haya podido procederse a una venta ordenada de los lotes filatélicos para obtener liquidez con la que afrontar los pagos a los afectados.

La actuación de los administradores concursales –excelentemente pagados, por cierto, a pesar de la situación de las empresas– ha sido la gota que ha colmado el vaso de la paciencia de los afectados, pues se han encaminado directamente hacia la liquidación de las empresas, en vez de tratar de reflotarlas y garantizar su viabilidad, como se supone que es el espíritu de la Ley Concursal.

Negocio mercantil

Por si fuera poco, las contradicciones se han sucedido durante los trámites judiciales que se han llevado a cabo en estos años. Hasta tal punto, que se ha llegado a la kafkiana situación de que el argumento principal de la inspección de Hacienda, que condujo a la Fiscalía a instar la intervención, ha sido rechazado por sentencia del Tribunal Supremo... sin que ello haya tenido consecuencia alguna en el proceso judicial.

En efecto, la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo consideró improcedente la petición realizada por Afinsa en 1994, relativa a la “deducción de las dotaciones a provisiones por responsabilidades”.

Según el Alto Tribunal, la compañía había desarrollado en ese ejercicio una actividad de “venta de lotes filatélicos con el compromiso de recomprarlos en unos plazos determinados si el inversor decidiera venderlos”.

La sentencia considera que “la transmisión por el precio acordado en la fecha de formalización de la operación, de los lotes de sellos correspondientes a la misma, constituye una compraventa en sí”. Es decir, queda acreditado que la actividad realizada por la filatélica era una compraventa de sellos, de carácter mercantil, y no una operación financiera.

En cambio, la inspectora de Hacienda María Teresa Yábar, cuyo informe condujo a la Fiscalía a presentar la querella contra los gestores de las empresas, consideraba que la actividad de las mismas era financiera, por lo que se reformularon las cuentas de las compañías de acuerdo con ese criterio, generándose el agujero patrimonial que, de ser considerada su actividad como mercantil, no habría existido.

Sobre esa base se construyó, como un castillo de naipes, una acusación que el Tribunal Supremo derribó con su sentencia. Una sentencia que no ha servido, sin embargo, para alterar el curso de los acontecimientos.

Ahora, ocho años y medio después, los afectados siguen reclamando Justicia.

Desde Mercado de Dinero seguiremos exponiendo la injusticia cometida con este colectivo, y reclamando una solución para este dramático caso que afecta a medio millón de familias