¿Los jueces están para hacer titulares o para aplicar la Ley? Fabricando una “sentencia mediática”

La vorágine de acontecimientos que se han sucedido estos días en relación a nuestro caso no nos han dado tiempo a analizar con detenimiento los titulares de la prensa “amiga” al  respecto:

 

"Ruz procesa a los dirigentes de Forum y les fija una fianza de 3.700 millones"

"Era económicamente inviable desde su origen y resultaba de todo punto insostenible

"Declarados culpables los ex gestores de Afinsa, que deberán restituir 1.825 millones de euros"
"El juez declara culpable el concurso de Afinsa"

 

Estos son algunos de los titulares con los que nos hemos desayunado estos días y no dejan de ser ciertos, pero ocultan la verdad, a saber: todos esos autos y sentencias se basan en la  interpretación subjetiva de la legalidad, que sólo sostienen los jueces Ruz y Pedraz y ,hasta septiembre, Vaquer, que es contraria a la literalidad de la misma Ley 43/2007  y contraria a 7 sentencias de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo, que a estas alturas deberían ser Jurisprudencia a la hora de redactar autos y sentencias.

Tanto las 7 sentencias de las que hablamos como las dos leyes que han regulado este sector de Bienes Tangibles, sostienen que son NO financieras, pero sin embargo estos jueces siguen empecinados en considerarlas  FINANCIERAS, para dictar estos autos.

Sin la consideración de financieras esos autos y sentencias se desvanecerían, así como los delitos de los que se acusan y  esos titulares, no tendrían cabida, pues solo existen en base a esa percepción subjetiva, que tienen dos jueces, contraria a la Ley 43/2007.

             O ¿podría ser que esos jueces tuvieran esa percepción contraria al criterio de la ley para que existan esos titulares? En un estado de derecho esto sería impensable. 

            A nadie se le escapa que el gran beneficiado de esos titulares es el PSOE, pues con ellos se está fabricando una “sentencia mediática” con la que pretenden  justificar la intervención mientras que las sentencias  de los Jueces y la ley sostienen todo lo contrario, los motivos en que basaron la intervención no son ciertos. Si esto fuera así se estaría jugando con la justicia para hacer política, usando los titulares y eso estaría mal, muy mal, y estaríamos hablando de otra cosa.

Por otro lado, los grandes perjudicados, de que después de ocho años y medio, aún no se hayan resuelto los casos, debido al no reconocimiento de la Ley y la jurisprudencia por parte de estos jueces, son las VICTIMAS de la intervención. Si tras la sentencia del Contencioso administrativo de 2010, que resolvió que eran mercantiles, estos jueces hubieran reconocido su error, que como no son financieras no hay estafa, ya habríamos cobrado.

              Pero si alguno de los periodistas que ha escrito esos artículos  hubiera leído algún auto o la sentencia de Vaquer, bien podría haber escrito titulares del siguiente tenor:

*El juez “tal” se salta la Ley 43/2007para declarar culpable  a “tal” y “tal”.

*La Ley 43/2007  dice que son NO financieras pero el juez “tal”  se empecina en considerarlas financieras para declarar culpable de “tal” y “tal”.

* Las victimas de la intervención tardarán otros ocho años más en cobrar por que el Juez “tal” sostiene que quizás, es posible, que sean financieras pese a que la LEY es tajante: son NO financieras y 8 sentencias lo confirman.

Estos titulares también serían verdad, pero ahora  beneficiarían a las víctimas y el perjudicado seria el PSOE pues  evidenciarían que la intervención, a instancias suya, no fue ajustada y que quizás se debiera a otros fines y no los de salvaguardar los intereses de los clientes. Como sí ha ocurrido en las intervenciones de las Cajas de Ahorros donde los clientes no han perdido su dinero, aunque estas si que estaban en quiebra. ¿Por qué esa diferencia de  trato?

No deja de sorprendernos que mientras que las sentencias firmes y la Ley digan que son mercantiles, los titulares de la prensa “amiga” hablen de “estafa financiera piramidal” haciéndose eco de los autos y de las declaraciones de dirigentes del PSOE y asociaciones afines que, erigiéndose en el papel  de jueces, “sentencian” en los medios “amigos” antes que los verdaderos jueces.

Recordemos que no existe ninguna sentencia, judicial, firme que reconozca esto  y nos cuesta entender que llegue a haberla, pues el único argumento de los jueces instructores para llegar a esta consideración es que estaban en situación de insolvencia que solo es posible si las consideran financieras, en contra de la Ley.

En un caso tan delicado, que afecta a tanta gente, se echa de menos un mínimo de prudencia, y respeto a los jueces y a la justicia, habrá que esperar a que sean los jueces los que decidan si ha habido Estafa o nada.

Se hace sospechosa esta falta de respeto al anticiparse a las decisiones judiciales que siempre provienen de ese mismo grupo ¿por qué lo hace? ¿y la presunción de inocencia?

Ayudar a unos estafados, no está muy bien visto, no es fácilmente vendible para unos políticos, por tanto,  cuanto más repitan esa palabra, más lejos están  las victimas de que le devuelvan sus ahorros. ¿Por qué lo hacen entonces? ¿Realmente han tenido alguna vez intención de ayudar? O ¿por el contrario su único interés es repetir esa palabra para justificar sus hechos, y no perder votos?

 Todo apunta a que su intención ahora sea fabricar una “sentencia mediática”.

Nosotros no tenemos duda: “Les pagamos  para aplicar la Ley”, ahora bien, tenemos serias dudas si ellos lo saben.

.