HOY HACE UN AÑO DE NUESTRO VIAJE A BRUSELAS

    Hoy hace un año expusimos nuestra PETICIÓN en BRUSELAS. Fue un éxito, todos los partidos la apoyaron, incluidos el PSOE y PODEMOS, sorpresivamente D. Alberto Garzón, Ministro de Consumo, de PODEMOS se opone a ayudar a los consumidores alegando que las empresas eran MERCANTILES, pese a que su partido y su compañero de gobierno (PSOE) en Bruselas eran favorables a nuestra iniciativa. 

    Como podéis imaginar, a estas alturas. y después de que hemos sido nosotros los que durante 14 años, y en solitario, defendimos que se trataba de empresas mercantiles, frente a todos: ADICAE, UCE, OCU, políticos de todos los colores y casi todos los medios de comunicación, abogados de asociaciones, etc., que venga un ministro y reconozca que todos estaban confundidos, y que nosotros teníamos razón nos satisface mucho. Pero ya no queremos eso, queremos nuestro dinero. 

    Y es que nuestra petición dejó a un lado esa manida discusión, que si financiera que si mercantil, que sí es muy importante a la hora de argumentar jurídicamente y determinar si había o no razones que justificaran la intervención, pero nuestra petición no iba de eso. 

    Nuestra PETICION nº 0231/2019, se centra en el daño producido por la desprotección por parte del Estado Español a 459.225 consumidores. No entra a valorar si se trataba de entidades mercantiles o financieras, pues las directivas europeas, cuando se refieren “a garantizar un nivel elevado de protección a los intereses económicos de los consumidores” (art. 169 TFUE), no distinguen entre unas y otras, máxime si el daño se produce por las mismas instituciones del Estado o por la inacción de los organismos de supervisión de este.    

    Por tanto, no excede, como manifiesta el Ministro de Consumo, el espíritu del artículo 227 del T.F.U.E. porque sí, nos encontramos ante un asunto propio de las competencias compartidas que el Tratado establece: “la protección a/de los consumidores”.

     Es preciso recordar lo establecido en el artículo 169 del TFUE, que garantiza un nivel de protección elevado, además de contribuir a proteger los intereses económicos de los consumidores, adoptando medidas para su mejor funcionamiento, medidas que apoyen, complementen y supervisen la protección llevada a cabo por los Estados miembros.     

    Así mismo: 

-Directiva 2005/26/CE artículos 6,7,10 y 11.    

-Artículos 1,9 y 11 del reglamento 2006/2004 (antes la Directiva 84/450/CEE).

- Directiva 2004/29/CE número 12.

-Directiva 2011/83/UE (que viene aresumir las anteriores).

- Los artículos 17 y 38 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

     El espíritu de todos ellos es garantizar la máxima protección a los consumidores. Por tanto las instituciones y órganos del Estado español, han errado al no aplicar de forma correcta la legislación, tanto española, como europea, vulnerando además, el DERECHO A LA PROPIEDAD.

     Como recoge el acuerdo adoptado por la Comisión Europea denominado “Agenda del Consumidor”, una de sus prioridades principales es, aplicar la legislación, velar por su aplicación y facilitar la reparación a los consumidores. 

    Por todo lo anterior, consideramos que si ha lugar a la petición efectuada por este colectivo: “Exigimos la reparación de los daños y perjuicios ocasionados a este colectivo por las instituciones del estado español”. 

    

     Que sepáis que seguimos en la lucha, tanto a nivel político, judicial y de movilizaciones en la calle, dentro de lo que sea seguro, por supuesto. 

    Seguiremos informando.

    ANVIFA

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