martes, 30 de enero de 2018

INTERPONEMOS RECURSO DE AMPARO ANTE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL


A fecha 11 de enero de 2018, la asociación Plataforma Blanca de Afectados de Afinsa de Vizcaya, perteneciente a la Agrupación ANVIFA, ha interpuesto Recurso de Amparo ante el Tribunal Constitucional en representación de sus propios asociados.

El argumento esgrimido, y del que ya hemos hablado en múltiples ocasiones en este foro, es la vulneración del  derecho constitucional recogido en el artículo 24.1 de Constitución española a la TUTELA JUDICIAL EFECTIVA y a la SEGURIDAD JURIDICA y la indefensión que esto ha generado en un colectivo especialmente vulnerable de consumidores.
 

Artículo 24 de la Constitución

1. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión. 
En un estado de derecho no puede ocurrir que una instancia judicial considere la actividad como NO financiera y otra instancia, aún peor, la misma instancia pero solo una Sala distinta, la considere financiera.
            Y siempre para perjudicar al consumidor.
En esta situación: ¿Dónde queda la protección de la justicia al consumidor?

 
 

7 comentarios:

  1. Muchas Gracias a la PB de Vizcaya por dar este paso.
    Uno más...
    Esperemos dé sus frutos.

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  2. Por fin hechos concretos, parece ser que este ano hemos empezado con buen pied. Esperemos que se nos escuche.
    Gracias por actuar.
    Saludos

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  3. J.R.-
    Tan solo decir que me alegro que la Plataforma Blanca de Vizcaya haya dado este paso,el de interponer RECURSO DE AMPARO ANTE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL,por haberse cargado LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA EN ESPAÑA YA QUE"HAN CREADO UNA ALARMA SOCIAL,Y ¿DÓNDE QUEDA AHORA LA INDEPENDENCIA JUDICIAL EN ESPAÑA? "ESTO ES ABRIR UN AGUJERO DE UN TAMAÑO SIDERAL"y esto SÍ QUE ES GRAVE", y generando una indefensión de los CONSUMIDORES Y USUARIOS EN ESPAÑA total y así lo refleja RAFAEL,Presidente de (la Asociación de (A.N.V.I.F.A.)y Presidente de (ACISA)ASOCIACIÓN DE ONSUMIDORES Y SUARIOS DE SALAMANCA y que queda recogido en el Art.24 de la Constitución.

    Bravo muchuch@s y les doy las gracias en mi nombre y supongo que la inmensa mayoría de Afectados-Perjudicados de Fórum-Afinsa estarán totalmente de acuerdo ,yo diría que el (100%)por creer que se puede RECLAMAR de esa manera contra el ESTADO ESPAÑOL A NIVEL JURÍDICO.Un fuerte abrazo para tod@s los Afectados-Perjudicados de Fórum-Afinsa,Siempre con las Víctimas.javier.

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  4. Esto hace tiempo que tendrian que averlo hecho las plataformas

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  5. Se debería de haber hecho en el conjunto de plataformas nacionales agrupadas en Á.N.V.I.F.A.

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  6. El informe GRECO sobre la corrupción en España

    Es conocido por todos que, en nuestro país, el problema de la corrupción se sitúa como uno de los principales de la economía y la política. Aquí no se cumple el tópico de ser un país en vías de desarrollo o gobernado por una dictadura y, sin embargo, padecemos, a pesar de la opinión del Gobierno, de una corrupción estructural de libro.

    Tanto es así, que el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa ha publicado su informe anual sobre la cuarta ronda de evaluación que finaliza en diciembre de 2018 y nuestro país no sale muy bien parado. De las once recomendaciones que hace el GRECO para combatir contra la corrupción, España efectúa siete de ellas de forma parcial, mientras que otras cuatro “no las cumple en absoluto”.

    El GRECO lleva desde 2005 haciendo “rondas de evaluación” a más de cuarenta países para analizar la situación de los mismos con respecto a la lucha contra la corrupción. España se encuentra ahora inmersa en la cuarta ronda, cuyo objeto de estudio son los miembros de los parlamentos nacionales y los jueces y fiscales.

    Sobre los parlamentarios, la autoridad europea critica que de las recomendaciones que hace de incluir cuatro propuestas anti-corrupción del GRECO, España no cumple dos:

    (... / ...)

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  7. (... / ...)

    En concreto, Europa pide desarrollar y adoptar un código de conducta público, incluyendo aspectos como los conflictos de interés, los regalos, las actividades complementarias y los intereses financieros. Igualmente, insta a crear un sistema para constatar que son ciertas las declaraciones de intereses económicos, bienes y actividades complementarias que presentan los parlamentarios.

    Otra recomendación es regular la relación de los representantes electos, con los “lobbies”. Le parece bien que se pretenda aprobar un registro obligatorio de estos grupos de presión, pero para Europa, esta iniciativa es insuficiente.

    En lo que se refiere a jueces y fiscales, el GRECO muestra su preocupación por la independencia, imparcialidad y transparencia en el nombramiento de los altos cargos judiciales.

    Urge reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial, para modificar el sistema de nombramiento de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). De hecho, hace hincapié en que los parlamentarios “no deberían participar en ninguna etapa” del proceso de elección de los vocales del órgano de gobierno de los jueces, pues hasta el momento son los que eligen a la cúpula judicial.

    En el apartado para evitar la corrupción en la Fiscalía, el GRECO pide que se analice cómo mejorar su autonomía, pero sobre todo considera que la comunicación entre el fiscal general del Estado y el Gobierno, debe realizarse de manera transparente, por escrito y con una publicidad adecuada.

    Por todo esto, el resultado es un enorme suspenso y la sensación de que el tiempo se va agotando para nuestro país. Para el GRECO, el nivel del cumplimiento de las autoridades españolas es “globalmente insatisfactorio”.

    En definitiva, informes aparte, en España la corrupción masiva no ha surgido porque todos los políticos sean una especie de rapaces, destinados por la naturaleza al saqueo de lo público. Ha surgido de un sistema que ha sido muy tolerante con la pequeña corrupción y que, además, ha eliminado todos los controles independientes que un Estado de derecho debería tener sobre su Administración pública.

    Y es que cuando un sistema permite que los funcionarios encargados de velar por lo público, pierdan su independencia y sus carreras profesionales dependen del político de turno, lo que se consigue es que ese funcionario se libre muy mucho de exigir honestidad a sus jefes.

    Cuando un interventor ya no es un titular de un puesto que ha superado en una oposición nacional limpia, sino un interino que ha promocionado en una oposición autonómica, lo que se está procurando es que este sepa a quién debe un favor y cómo debe portarse. Lo mismo ocurre con jefes de servicios médicos, letrados, jefes de personal, etc. Funcionarios de toda índole cometen a diario el pecado de omisión (y algunos, desgraciadamente, el de acción) por no ver en peligro su futuro profesional.

    Esta situación de clientelismo en la Administración, permite un estado de cosas que hace que las pequeñas corruptelas, como contratar a conocidos, realizar pequeños favores o aceptar invitaciones, etc., pasen a ser “lo normal”. Después, solo hay que ir subiendo en la escala hasta acabar en los grandes comisionistas de las obras públicas.

    Por otra parte, es inútil y engañoso pedir penas más duras y ejemplares en ruedas de prensa, mientras se intenta desesperadamente, controlar las carreras de los jueces encargados de imponerlas. Sin una separación radical del poder judicial y de la Fiscalía, del poder político, no es posible adoptar ninguna medida de lucha efectiva contra la corrupción.

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