20º aniversario de una intervención ILEGAL

noviembre 01, 2025

El próximo 9 de mayo de 2026 se cumplirán veinte años de uno de los episodios más oscuros de la justicia y la política española reciente: la intervención de Fórum Filatélico y Afinsa Bienes Tangibles. Aquella mañana de 2006 cambió la vida de medio millón de familias y marcó el inicio de una injusticia que, dos décadas después, sigue sin repararse.

La intervención que lo cambió todo

Fue el Gobierno socialista de entonces, junto con los jueces Fernando Grande-Marlaska y Santiago Pedraz, quien ordenó la paralización de ambas empresas. El argumento oficial: realizaban una actividad financiera encubierta. Sin embargo, tanto la Audiencia Nacional en 2010 como el Tribunal Supremo, años después, desmontaron esa tesis. Las sentencias dejaron claro que Fórum y Afinsa eran sociedades mercantiles plenamente legales, dedicadas a la compraventa de sellos, una actividad lícita y amparada por la Ley 35/2003 Disposición Adicional Cuarta.

A pesar de ello, la maquinaria judicial impuso medidas cautelares que, de facto, condujeron a la quiebra de ambas compañías. La ruina no fue una consecuencia, sino el objetivo. Para justificar aquella decisión, los administradores concursales reestructuraron la contabilidad y expropiaron los bienes de los clientes: los sellos que habíamos adquirido legítimamente.

Una expropiación contraria no solo a la Ley de 1954, sino también al artículo 33 de la Constitución Española y al artículo 17 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que consagran el derecho a la propiedad privada y a una justa indemnización en caso de privación.

La verdad judicial llega tarde y mal

Las sentencias del Tribunal Supremo de 2021 fueron rotundas: las empresas eran mercantiles, los contratos legales y la contabilidad correcta. En consecuencia, los sellos pertenecen a los clientes y nunca debieron figurar como activos de las empresas. Es decir, se nos arrebató nuestra propiedad de manera injusta e ilegal, y han pasado veinte años sin compensación alguna.

Los intereses detrás de la intervención

¿Qué motivó realmente al PSOE?

Hay dos motores que suelen mover a la corrupción política: el desprecio al ciudadano y el interés económico. En la primavera de 2006, varias entidades financieras condonaron al PSOE casi 30 millones de euros de deuda. Una condonación irregular que, aunque apareció en prensa, nunca fue debidamente fiscalizada por el Tribunal de Cuentas, ni por la prensa ni por la oposición ¿Por qué?.

Y mientras las familias afectadas perdían sus ahorros, algunos implicados en la intervención veían despegar sus carreras. Fernando Grande-Marlaska, por ejemplo, pasó de ser un prometedor juez de provincia apadrinado por el PP, a ocupar a plaza en la Audiencia Nacional gracias a Baltasar Garzón (afin al PSOE) y, años después, el Ministerio del Interior con el PSOE, el mismo partido que ejecutó la intervención. Un ascenso que no fue el único: fiscales, inspectores de Hacienda, administradores concursales e incluso representantes de asociaciones de consumidores que respaldaron la medida también salieron beneficiados.

Una solución política bloqueada

Tras la recomendación de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo en 2021 —lograda gracias a ANVIFA—, parecía abrirse una puerta a la esperanza. El dictamen, aprobado por unanimidad, instaba al Estado español a resarcir a las víctimas por los perjuicios ocasionados. Pero el Gobierno español, compuesto por el PSOE y sus socios comunistas, ignoró el mandato europeo. Los ministerios de Consumo, Economía y Hacienda respondieron negativamente a las cartas enviadas desde Bruselas.

Las reuniones que hemos mantenido con representantes del Gobierno han sido tan cordiales como infructuosas: escuchan, comprenden, pero no actúan. No lo hicieron entonces, a la peticion del Parlamento Europeo y no lo harán nunca.

El papel del Partido Popular

El recorrido del PP ha sido, cuanto menos, irregular. En 2006 apoyó a las víctimas. En 2007 propuso una compensación total que no prosperó por la traición del PNV. En 2008, Mariano Rajoy escribió a los afectados reconociendo la injusticia y prometiendo una solución política que, una vez en el Gobierno en 2011, jamás cumplió.

Años más tarde, el PP fue clave para que el Parlamento Europeo aprobara la citada recomendación, pero hasta el momento no ha impulsado medidas concretas en España.

Hoy, la esperanza de una solución vuelve a depender de su voluntad política. Os iremos informando si se dan pasos reales, el humo ya no nos vale.

La fuerza de la resistencia activa

Ante esta parálisis institucional, solo queda la acción ciudadana. La llama de la Resistencia Activa mantiene viva la causa con su presencia semanal ante el Congreso. Gracias a ellos, el asunto sigue en la agenda política. Su esfuerzo representa a miles de afectados que no pueden desplazarse, pero que comparten la misma lucha: recuperar lo que es suyo y exigir justicia.

A todos los damnificados les recordamos que su participación es vital. Cada martes y miércoles, de 11:00 a 13:00, la voz de las víctimas se hace oír frente al Congreso. Cuantos más seamos, más fuerza tendrá la causa.

No se trata solo de dinero, sino de dignidad y de justicia.

Proximamente: Una prometedora situación a nivel internacional que permite entender lo que pasó.

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