11 años de la intervención de Fórum y Afinsa: 11 años de MENTIRAS

Atrás queda ya el 11º aniversario de la intervención, y desde la perspectiva que nos dan los años vemos que siguen vigentes la reflexiones  de nuestro compañero Rafael  Sánchez en 2011 en su informe: “CasosFórum-Afinsa: una paranoia intelectual generalizada”

Todos los argumentos planteados en la Querella eran falsos.
Efectivamente los argumentos de los jueces en las respectivas sentencias  carecen de fundamentación jurídica seria, se basan en percepciones personales y planteamientos subjetivos.
Al final, todo el peso de la decisión judicial ha recaído en determinar "cuál es el valor de los sellos" y  "cómo se establece cual es el precio real de los sellos": el de mercado, el que alguien esté dispuesto a pagar por ellos, el de este catálogo, o el de este otro, que no se actualiza en cinco años.

Pero sin embargo, el Juez Senent, a la hora de vender la filatelia de los clientes de Fórum, sostiene que el precio real, el de mercado es "el que alguien esté dispuesto a pagar por él".

En esto estamos de acuerdo con él, y seguro que todo el mundo.

Fórum y Afinsa compraban y vendían filatelia, pero daban seguridad y garantía, custodiaban la filatelia, la aseguraban,  ofrecían la posibilidad de revendértela si querías y cuando querías,... y una tienda de los soportales de la Plaza Mayor, no. 

Uno tenía la opción de comprar en una u en otra, pagar un precio u otro, ¿A que precio vendía su sello el tendero de la Plaza? Al que alguien estaba dispuesto a pagar por  él. ¿A qué precio lo vendían Fórum y Afinsa? Al que alguien estaba dispuesto a pagar por  él.

Exactamente lo que dice el Juez Senent.

Pero ¿qué argumento le deja ahora a los jueces de lo Penal que en Septiembre juzguen a los directivos de Fórum?

Conviene recordar que cuando la fiscalía presenta la querella, no habían visto la filatelia, por tanto no sabían su valor. También se decían en la querella de la fiscalía otras falsedades como que la filatelia era falsa o no existía.

Pero recuerden que ese no era el argumento de peso a la hora de la intervención, si no la pretendida insolvencia, basada en otras dos falsedades: que eran financieras y sus operaciones No opcionales (préstamos). Nunca fueron financieras, nunca fueron préstamo y por tanto nunca hubo insolvencia.

 

Entonces ¿Por qué ahora parece que todo se fundamenta en la valoración de la filatelia? 

Porque en el fondo sus señorías saben que la argumentación de la sentencia da igual, lo importante es que la conclusión de la sentencia coincida con la "opinión pública".

Releyendo la página 31 de dicho informe, se nos abren las carnes al recordar como en los primeros años de la intervención, MUCHOS de nuestros políticos y dirigentes de Asociaciones de Consumidores se rasgaban la camisa al descubrir, creían ellos, que estas empresas eran FINANCIERAS. Eso justificaba la intervención, y punto.

En dicho informe nuestro compañero recoge algunas perlas del momento:

-El representante de Grupo Parlamentario Catalán, Jordi Xuclà, según el  cual: Existía una responsabilidad in vigilando por parte de las administraciones públicas (porque eran financieras).

              -  La mejor descripción de la situación la realizó en el pleno Pedro María Azpiazu del Grupo Parlamentario Vasco, para quien:

En nombre de mi grupo he defendido en más de una ocasión el carácter financiero de estas operaciones que ahora se denominan mercantiles.

Después supimos que era mentira, nunca fueron financieras, hasta el punto que todos ellos votaron a favor de la Ley 43/2007 que volvía a reconocer el carácter NO financiero de las empresas, pero lo importante ya estaba hecho, se habían conseguido llenar cientos de páginas con ese titular y quebrar las empresas.
De ahí el título del Informe: " una paranoia intelectual generalizada". Y es que, los políticos, a la vez que decían que eran financieras, votaban que eran mercantiles. Que a la vez, que la ley dice que son mercantiles, los jueces, que deben aplicar la ley, las intervienen por llevar una contabilidad como mercantiles, o sea, por ajustarse a la ley.
O como las asociaciones de consumidores, que debían defender los intereses de los consumidores, se posicionaban del lado de esos políticos y de esos jueces, contrarios a la legalidad, y repetían el raca-raca de: "estafa financiera". Resulta asombroso que después del daño causado manteniendo esa mentira, salgan a la calle diciendo que defienden a los consumidores y en este caso a las víctimas de la intervención.

        Sí, ahora parece que eso queda obsoleto, antiguo, pero acuérdense, ese fue el motivo por el que las intervinieron, ese fue el motivo por el que ustedes están  sin su dinero.

Sí, era mentira, pero usted sigue sin su dinero.
Sí, era mentira, pero lo repitieron tantas veces, ... Recuerdan al Sr Pardos de ADICAE, en todos los medios, siempre con "estafa financiera, estafa financiera...".
 Vaya ahora resulta que no son financieras, los sellos existen, no son falsos, no son prestamos, ni había insolvencia y que el precio real de los sellos es el que alguien este dispuesto a pagar por ellos ( no estaban sobrevalorados entonces).
Pero sigue diciendo que nos quiere ayudar. Mejor ayude a otros.

Así es señores como estamos donde estamos, "no por no tener la razón, sino porque la corriente de opinión generada se "empeñó" en fijar la idea de que fue una estafa financiera desde el minuto uno, sin haber habido juicio, y ahora, tras 11 años el juez tiene el camino allanado para sentenciar.  Solo tiene que coincidir con los titulares. La ley parece importar menos.

Una Sentencia del juez que será un “copia y pega” de lo que la “sentencia mediática”  dictó hace 11 años.

Recordemos lo que Rafael Sánchez ya dijera por 2011:

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“Casos Fórum-Afinsa: una paranoia intelectual generalizada (2011)

 

V.- CONCLUSIONES:

1.- No había desfase patrimonial, ni aunque hubiera sido considerada financiera, como se demuestra en el apartado II de este estudio al tratarse de operaciones de compra-venta opcionales.

2.- Tanto el legislador como el poder judicial han considerado estas empresas como  mercantiles, desde su aparición hasta hoy (31-8-2011) debiendo quedar superado cualquier debate al respecto de un hipotético carácter financiero.

3.- Es por tanto evidente que el intervenirlas alegando su ficticio carácter financiero fue la excusa y no la causa de dicha intervención.

4.- Queda evidenciada la responsabilidad patrimonial del Estado pues la quiebra de estas empresas mercantiles se produjo a raíz de una intervención contraria a la legalidad vigente y como consecuencia de la forma que ésta se llevó a cabo, hay pues una clarísima relación causa-efecto, antes de la intervención eran solventes y después dejaron de serlo. Otra consecuencia grave de la intervención fue que los precios de mercado de los sellos oscilaran a la baja al  desaparecer los principales operadores en el lado de la demanda, consecuencia que en ningún momento debe ser asumida por los clientes.

5.- Los clientes de estas empresas han estado sometidos a una campaña de desprestigio ante la sociedad española  a fin justificar la intervención y de ocultar el verdadero motivo que dio origen a los hechos, un oscuro “negocio” más de la economía “neoliberal” mal entendida y exprimida por algunos operadores.

6.- Pese a existir esa responsabilidad patrimonial del Estado la única salida jurídica que parece  le dejan a los afectados las sentencias de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo, donde se exime de toda falta y responsabilidad a la Fiscalía y a Dª. Teresa Yábar, es la reclamación por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia  o bien la reclamación por error judicial. Curiosamente la propia AN, no sólo no exculpa a los jueces instructores de los casos, sino que parece apuntarles directamente como potenciales responsables, en última instancia, del drama de los 460.000 consumidores, pues la situación de quiebra de ambas empresas se produjo a partir de la intervención decretada por ellos y por la forma cómo esta se llevó a cabo con su beneplácito, pues antes eran empresas solventes, como  ya hemos reiterado, la relación causal es evidente.

7.- Aparece un nuevo riesgo a tener en cuenta a la hora de tomar una decisión de negocio: Cuando un potencial cliente de estas empresas hacía un análisis minucioso de los riesgos y los beneficios que le podía aportar esa inversión, posiblemente observara el riesgo a una bajada de precios de los productos (en este caso los sellos), o el riesgo a la falta de solvencia de la empresa con la que iba a contratar, entre otros, pero nunca se llegó a imaginar que debería haber tomado en consideración como riesgo potencial el “riesgo a una intervención del Estado” y posterior inmovilización total de la actividad sine díe.

Es éste un riesgo que hasta ese momento no existía en ningún manual de economía, pero que a partir del 9 de mayo de 2006 cualquier empresario o inversor español debe contemplarlo en el momento de tomar una decisión de invertir.

8.- Este caso solo se puede entender realmente si se analiza quiénes son las personas que han tomado un papel activo en el mismo, y el entramado de relaciones e intereses que existen entre ellos o se han ido fraguando^[1].

9.- Pese a lo dicho hasta ahora, si la intervención se hubiera hecho por error, pero con la intención de salvaguardar los intereses de los clientes, de los CONSUMIDORES, se debería haber llevado a cabo con discreción incluso imponiendo nuevos administradores si fuera necesario y con el apoyo de la administración a los consumidores y clientes de esas empresas, tal como se hizo con la CCM, lo normal. Pero queda claro que la necesidad que tenían los hegde fund de que Afinsa se hundiera, hizo que la intervención se llevara a cabo de forma anómala, brutal, con un inusual exceso de aparato mediático y policial. El impacto que la intervención debería causar en la bolsa de Estados Unidos debía ser demoledor para conseguir  ese efecto buscado que no era otro que el hundimiento de los precios de Escala, como así ocurrió, (en menos de dos jornadas los precios de las acciones de Escala se desplomaron) de haber intentado salvar la empresa y los intereses de los clientes no se habría conseguido ese desplome, ni los importantes beneficios que esto les reportó.

¿Existió realmente deseo de salvaguardar los intereses del consumidor?

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